El Ayuntamiento de Vila-seca obliga a los residentes a pagar una semana entera por solo tres días de servicio.
LA PINEDA VILA-SECA. El final de la temporada de estacionamiento regulado en La Pineda vuelve a dejar al descubierto la rigidez administrativa y la falta de empatía del Ayuntamiento de Vila-seca con sus propios vecinos.
Este 15 de septiembre finaliza oficialmente la obligación de pago en la zona verde residencial.
Sin embargo, para aquellos vecinos cuyo bono semanal de 20 euros caduca en el tramo final del servicio, el consistorio impone un dilema inadmisible: pagar la tarifa completa de siete días para consumir únicamente tres, o arriesgarse a ser sancionados.
El problema no radica en el cumplimiento del calendario, sino en la incapacidad —o falta de voluntad— del consistorio para adaptar el sistema informático de la ordenanza fiscal a la realidad del calendario.
Al no contemplar una tarifa fraccionada ni un prorrateo automático para los últimos días del periodo estival, el parquímetro y la aplicación móvil exigen el importe íntegro semanal.
La alternativa para el ciudadano —abonar días sueltos a precio de tarifa ordinaria— resulta todavía más costosa que pagar los 20 euros completos, anulando en la práctica el beneficio del abono residencial.
Esta disfunción genera un evidente agravio comparativo.
La zona verde se concibió teóricamente para priorizar y facilitar el aparcamiento a los residentes durante los meses de mayor afluencia turística, no para convertirse en un mecanismo de recaudación forzosa en las jornadas previas al cierre de la temporada.
Cobrar el 100 % de una tasa por el 42 % del servicio prestado roza el enriquecimiento injusto por parte de la administración local.
Desde este medio denunciamos esta clara mala praxis de gestión.
El Ayuntamiento de Vila-seca dispone de las herramientas tecnológicas y jurídicas necesarias para calibrar las tarifas en los periodos de transición o ajustar los bonos al día exacto de finalización del servicio.
Exigimos al consistorio que revise las bases tarifarias de cara a la próxima temporada, articule mecanismos de devolución proporcional para los vecinos afectados e imponga el sentido común en un servicio que debería estar al servicio del ciudadano, y no a la inversa.
Promesas que se quedan en papel mojado
Esta falta de flexibilidad no es el único frente abierto en la movilidad de La Pineda.
El pasado año, tras el malestar de los propietarios de segundas residencias —quienes pagan impuestos municipales pero se ven obligados a abonar 20 euros semanales mientras los empadronados aparcan gratis—, el alcalde Pere Segura declaró que el consistorio estudiaría y reevaluaría el funcionamiento del sistema para corregir los desequilibrios detectados en el colectivo de segundas viviendas.
Un año después, la realidad demuestra que no solo no se han mejorado las condiciones de este colectivo, sino que la ordenanza ni siquiera contempla mecanismos mínimos para evitar que se les penalice cobrándoles semanas completas a las puertas del cierre de la temporada.
Al ayuntamiento no le importamos lo más mínimo.
Su afán es recaudar y asfixiar a las segundas residencias.
Asumimos que hay que pagar, pero con tarifas más justas y sin distinción entre residentes y segundas residencias, puesto que contribuimos con nuestros impuestos, durante todo el año, aunque solo sea durante la época estival cuando más residimos en la Pineda .
He de decir que ya son dos años los que llevan sangrandonos y llenando sus arcas a nuestra costa y aquí no no cambia nada..
Gracias por escucharme.